Carta de hija a papá

Siempre te necesito papá,
a ti, a tus abrazos y a tus consejos de padre.

Cuando veo que nadie me comprende, corro a tu encuentro y entre risas y canciones te cuento mis historias, pues tú siempre estás dispuesto a escucharme hablar.

Me tomas de la mano y me das besos que abrigan el alma, como sólo un padre puede hacerlo. Atesoro esos momentos especiales que me dedicas para mí solamente, cuando mamá no está.carta de hija a papa


Dicen que a los padres no se les puede amar, yo digo que a ti papito te amo tanto como amo a mamá, pues eres un hombre íntegro, un hombre sabio en el cual yo puedo confiar.
En este día, papá, quiero regalarte un trozo de mi corazón en forma de carta, para agradecerte ser el padre que eres: un amigo y un confidente de mis aventuras que no a todos les puedo contar.

Eres mi padre, ese hombre que me enseñó a valorar lo que la vida me da. A lo largo de mi vida te has afirmado a Dios como el que más, y a través de mis años has intentado guiarme para ayudarme a no equivocar el camino, me has enseñado que aunque pueda caer una y otra vez, siempre me volveré a levantar, que no todo es justo en la vida, pero que si confío en mí, todos mis sueños lo puedo lograr…


Carta de hija a padre
Papá te amo, te doy las gracias por todas las enseñanzas que me has dado, me regalaste un preciado tesoro que era amar a todas las personas por igual.
Para ti papá, este pequeño reconociendo de esta hija que te ama más allá de las estrellas, pues como siempre te digo papi, te amo de aquí al infinito de ida y vuelta, así es mi amor por ti.
Gracias papito... Gracias...
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Rechazan diseño de licencias diferenciadas para indocumentados de California

La Coalición pro Derechos de los Inmigrantes de Los Ángeles (Chirla) decidió no quedarse de brazos  cruzados ante la posibilidad de que California se vea forzada a expedir una licencia de manejo marcada a los indocumentados.

“No podemos permitir que el Departamento de Seguridad Nacional imponga a California que dé a sus indocumentados, una licencia color morada como pasa en Illinois, donde la licencia es de ese color para las personas sin papeles mientras que para los residentes legales es de color rojo”, indicó Angélica Salas, líder de Chirla.

Queremos una licencia que proteja a los inmigrantes de la discriminación y de la que se sientan orgullosos”, observó.

A principios del mes pasado, el DHS rechazó el diseño hecho por el Departamento de Motores y Vehículos porque no cumple con la ley federal Real ID.

El DHS quiere que las licencias para indocumentados tengan un color y diseño diferentes a las licencias para los residentes legales, así como que se especifique al frente que no sirven para fines de identificación federal.


El diseño propuesto por el DMV, bajo la ley AB60 que autoriza las licencias para indocumentados, tendrá dos diferencias que la distinguen de la licencia tradicional. Al frente, cambia la letra L junto al número por una P que significa privilegio. En la parte de atrás, se señala que la licencia no sirve para propósitos federales de identificación.

¿De qué nos sirve tener una ley que nos de licencias si nos va a dar miedo aplicar?”, cuestionó Isabel Medina quien lleva 21 años, bajo el volante sin contar con una licencia.

Medina hizo un llamado al gobernador Jerry Brown. “Nosotros estuvimos ahí por usted cuando pidió los votos de nuestra comunidad, ahora necesitamos de usted, que se mantenga firme para que no, nos den una licencia marcada que nos ponga al borde de la deportación”, señaló.

Salas dijo que han tenido pláticas con el gobernador y el jefe de la policía de Los Ángeles, Charlie Beck, y existe una buena disposición para proteger el diseño creado por el DMV para las licencias. “Pero si no nos movilizamos y presionamos, no lo vamos a lograr. Si van hacerse cambios al diseño creado por el DMV, que sean los más discretos posibles sin poner en riesgo a los inmigrantes porque las deportaciones no cesan”, indicó.


Patricia Salazar vino de Palmdale a protestar al edificio federal Ronald Reagan contra una licencia marcada. Lleva de 2004 sin licencia de conducir.

“Me preocupa tanto una licencia de color, por la discriminación que se pudiera dar si la detienen a uno.
Entonces luego, luego va a cambiar el trato. Tendríamos miedo a presentarla”, comentó.
María Galván del Valle de San Fernando tiene 14 años de manejar sin licencia. “No tiene que venir marcada con color porque aunque somos indocumentados, igual pagamos impuestos como el ciudadano”.

Socorro Vázquez de la organización LA Voice Pico, vecina del este de Los Ángeles, dijo que cuando supo que DHS quería una licencia marcada su alegría se transformó en temor.
“Tenemos miedo que la policía nos discrimine”, indicó.

Para el próximo enero de 2015, deberá entrar en vigor las licencias para indocumentados. El mes pasado, el DMV reveló los requisitos propuestos para darlas. Este 24 de junio, el DMV celebrará en la ciudad, una consulta pública para que la gente opine sobre los documentos sugeridos para entregar las licencias.

El DMV permanece en negociaciones con el DHS para definir como resolverán las diferencias que tienen sobre el diseño de las licencias para indocumentados.
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La negación del genocidio en Guatemala, nuevo ataque a los indígenas

Quienes se beneficiaron del genocidio realizan todos los esfuerzos por cortar la posibilidad de seguir con la vía jurídica, que puede llegar hasta ellos. El reciente pronunciamiento del Congreso para negar el exterminio sistemático de pueblos indígenas sirven para corroborar cómo, treinta años después, siguen dispuestos a mantener sus privilegios por encima de la verdad y la justicia.

A mediados de mayo se conoció que el día 24 de abril, el Congreso de la República de Guatemala aprobó un punto resolutivo en el que,en un texto un tanto confuso, decidió que en Guatemala no existiógenocidio. Una parte del documento señala: “Bajo el infame prisma de la sangre que ha regado nuestra tierra y el dolor que ha inundado el alma de la patria a partir de un conflicto inútil y la falta de consensos para superar con absoluta certeza jurídica nuestras diferencias sociales”;[1], más adelante, precisa que “como consecuencia del encausamiento penal, conocido como El Juicio del Siglo, no obstante que la legislación imperante da cuenta que los elementos que conforman los tipos penales señalados, resulta jurídicamente inviable que se dieran en Guatemala, principalmente en cuanto a la existencia en nuestro suelo patrio de un genocidio durante el enfrentamiento armado interno”. [2]



La reacción fue inmediata por parte de quienes participaron en las actividades organizadas para recordar el 10 de mayo de 2013, cuando la jueza Yasmín Barrios, del Tribunal A de Mayor Riesgo,emitió públicamente la sentencia que condenó al general Efraín Ríos Montt por genocidio y  contra los deberes de la humanidad.Fue la primera vez que se reconoció judicialmente las atroces dimensiones de la actuación del ejército de Guatemala a principios de los años ochenta.

Ante la sentencia condenatoria de 2013, la cúpula patronal aglutinada en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) se declaró “en asamblea permanente” y,apenas 10 días después, el juicio fue anulado por la Corte de Constitucionalidad, aduciendo problemas de forma.[4]

La actual declaración de los diputados es otro burdo intento porponer punto final a uno de los asuntos políticamente más espinosos, heredado del proceso de paz que se dio en los años noventa del siglo pasado, y se sitúa en la línea de las accionesde la Corte de Constitucionalidad y el CACIF. Todas ellas muestran cómo el racismo,que está en la base del genocidio perpetrado en aquellos aciagos años, sigue presente en la vida de Guatemala.

El reconocimiento del genocidio
En el seno del conflicto armado que sacudió Guatemala durante casi toda la segunda mitad delsiglo XX, se gestó el genocidio -que supuso la muerte sistemática de cientos de miles de personas bajo elargumento de que eran “guerrilleros comunistas”. Entre finales de los años setentae inicios de los ochenta, las más de 400 masacres realizadas por el ejército supusieron la mayor matanza de población indígena perpetrada en América Latina en el siglo XX, resultado de una política sistemática de exterminio por parte del Estado.

El tamaño y la dimensión racista de esta tragedia no fueron tratados durante el proceso de paz en toda su profundidad. En el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas(AIDPI) no hubo ninguna mención al hecho de que las masacres y la tierra arrasada se centraron en territorios mayas. De la misma manera, en los acuerdos referidos a la violencia sufrida y ejercida –el de Derechos Humanos, Reasentamiento, Desmilitarización, en la misma amnistía- tampoco hay mención alguna del hecho de que la mayoría de las víctimas de la represión fueron comunidades indígenas arrasadas por una política sistemática de muerte.

Hubo que esperar a la publicación del informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, en 1999, para que la relación entre racismo y violencia de Estado, tan evidente en la historia, en los recuerdos y en las imágenes, encontrara un sustento documental. Los datos del recuento fueron contundentes: a raíz del conflicto armado, en Guatemala murieron o desaparecieron más de 200 mil personas, de las que el 83 por ciento fueron indígenas, y el 93 por ciento de los decesos fueron ocasionados por el ejército u otros cuerpos de seguridad. [5]



No se trató de las bajas producidas en el conflicto entre dos partes. En el Tomo III de los 12 de que consta el informe, se dedican 90 páginas a este tema. Cuando la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH) trabajó la forma en que se dio la violencia en las áreas indígenas, llegó a la conclusión de que la política llevada a cabo por el ejército contra la población indígena constituye un delito de genocidio, entendido de acuerdo a la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de 1948, ratificada por el Estado de Guatemala en 1950. [6]

“La CEH puede confirmar que, en una determinada etapa del enfrentamiento armado interno, específicamente durante los años 1981 y 1982, el Ejército identificó a grupos del pueblo maya como enemigo interno, porque consideraba que constituían o podían constituir la base de apoyo de la guerrilla, en cuanto sustento material, cantera de reclutamiento y lugar para esconder sus filas. De este modo, el Ejército, inspirado en la Doctrina de la Seguridad Nacional (DSN), definió un concepto de enemigo interno que fue más allá de los combatientes, militantes o simpatizantes de la guerrilla, incluyendo en dicho concepto la pertenencia de las personas a determinados grupos étnicos”[7], señalaron en su informe.

El mérito del informe de la CEH es que permitió llamar por su nombre a algo que no fue oficialmente reconocido.La contundencia de las cifras no dejó lugar a dudas respecto a la dimensión étnica de las masacres y la muerte planificada. Desde ese momento empezaron a surgir voces que clamaron que este episodio trágico no se puede entender sin el racismo. [9]

Si tenemos en cuenta la definición clásica de Memmi de racismo como “la valorización generalizada y definitiva de una diferencias, reales o imaginarias, con el fin de justificar sus privilegios o su agresión”,[10] no se puede usar otra palabra para hablar de una ideología, de unos comportamientos y estrategias que permiten matar a cientos de miles de personas porque se les considera un “enemigo interno”.

 El juicio de RíosMontt: el cómo y el quiénes del genocidio
Tras esta constatación, el juicio celebrado en 2013 referido a la actuación de Ríos Montt, como jefe de Estado de Guatemala,contra el pueblo ixil, y la sentencia condenatoria por el delito de genocidio, fue lo suficientemente rotundo como para cerrar el debate en torno a los hechos de inicios de los ochenta.

La sentencia[12] es un ejercicio jurídicamente impresionante, que en sus más de 700 páginas refleja todo lo que se oyó en los más de 50 días que duró el juicio. A través de las voces de hombres y mujeres que actuaron como testigos y peritos, el genocidio quedó desmenuzado en cada una de sus acciones, al mostrar una por una las formas en que se ejerció la muerte sobre personas civiles desarmadas.

Los testimonios y peritajesdel juicio permitieron ver cómo fueron planificadas las masacres; cómo se utilizó el terror y el miedo; cómo el abuso sexual contra las mujeres fue sistemático; cómo se quemaron cosechas y ganado. Ante tal avalancha de información pormenorizada, ¿cómo negar la calidad de exterminio sistemático de la población ixil supuestamente levantada?

La planificación de la estrategia militar no deja lugar a dudas sobre la voluntad de exterminio de esas comunidades de “indios comunistas” que amenazaban el orden. Con esta justificación masacraron a miles de hombres y mujeres, ancianos y ancianas, niñas y niños, todas ellas población civil desarmada, no sólo ixiles, sino achi’s, q’anjobales, akatekos, kaqhikeles y muchos más en todo el país.Por eso, el
juicio no sólo demostró que hubo genocidio: mostró cómo se ejecuta uno.

Además del cómo, el juicio mostró el quiénes. Uno de sus aspectos más impresionantes es que puso nombres y apellidos, rostros, historias y recuerdos, lágrimas y sonrisas a las testigos que sobrevivieron a los horrores de la muerte. Las mujeres y hombres ixiles que desfilaron con toda su dignidad frente al tribunal, y cuyas fotografías recorrieron el mundo entero,fueron verdaderos protagonistas de todo el proceso.



El juicio también sirvió para avanzar en algo a lo que la Comisión de Esclarecimiento Histórico renunció en su momento: dar nombres y poner caras a los responsables de todas estas atrocidades. A finales de los años noventa no había condiciones para eso, yahora pareció que tal vez sí. Pero los hechos mostraron que, otra vez, fuellegar demasiado lejos.

El juicio buscóprocesar a los responsables políticos de las prácticas genocidas: el jefe de Estado y el responsable de Inteligencia Militar. Pero además, adelantó en dar a conocer a algunos de los responsables directos de los hechos. Uno de ellos es el actual presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, que bajo el seudónimo de “Mayor Tito Arias” dirigió las operaciones militares de Nebaj, principal población ixil. Se dice que el juicio se torció cuando él fue nombrado de forma explícita como responsable de la represión en Nebaj, pues se pasó a un nivel de responsabilidades que no era admisible.

Fue fundamental el peritaje desarrollado por Marta Casaus el 4 de abril de 2013.[13] En su intervención, mostró cómo las acciones genocidas desarrolladas contra los ixiles –y de ahí contra cualquier otro pueblo- no fueron resultado de una mente enferma ni de una conducta desviada, ni siquiera de una estrategia militar desesperada, sino el fruto de una ideología que rige todo el comportamiento social de nuestro país: el racismo.

Si mucha gente no se quejó o directamente no se enteró de lo que pasaba en el altiplano en los años de exterminio, es porque eso entraba en la normalidad, lo “natural”. El genocidio no fue una anomalía, sino la máxima expresión de una forma de entender y organizar la sociedad, siempre necesitada de la violencia para mantener su orden: el racismo.

Marta Casaus mostró que el racismo -y la violencia que conlleva- es un medio para mantener los privilegios de unos pocos sobre las mayorías. Además de los responsable materiales directos, hubio quienes se beneficiaron directamente de tanto terror y maldad. Como nos mostró Plaza Pública en esos días, algunos de ellos apoyaron de forma directa las acciones genocidas.[14]

Como sector dominante en la historia de este país, la oligarquía de origen criollo provocó el genocidio cuando sintieron que su situación de privilegio se veía amenazada. No les importó que murieran 200 mil personas, que 400 aldeas desaparecieran, que miles de mujeres fueran violadas, que un millón de personas tuvieran que salir de sus casas, con tal de mantener un sistema en que solamente ellos han salido beneficiados.

La actualidad del racismo y la violencia de Estado
Quienes salieron beneficiados del genocidio realizan todos los esfuerzos por cortar la posibilidad de seguir con la vía jurídica, que puede llegar hasta ellos. Las reacciones del CACIF, de la Corte de Constitucionalidad y ahora del Congreso de la República sirven para corroborar cómo, treinta años después de aquella barbarie, siguen dispuestos a mantener sus privilegios por encima de la verdad y la justicia. Pese a declaraciones y firmas de paz, testimonios e informes, funcionarios internacionales y dependencias gubernamentales, el racismo sigue presente en la vida política de Guatemala y siempre asociado a la violencia de Estado

La resolución del Congreso es un buen ejemplo. Por un lado, niega la legalidad vigente y pasa por alto la decisión de un Tribunal, convertida en sentencia, al decir que “resulta jurídicamente inviable que se dieran en Guatemala, principalmente en cuanto a la existencia en nuestro suelo patrio de un genocidio”. Ante ello, cabe la pregunta de Alfonso Porres: “¿cuáles fueron las prácticas que el benéfico Estado de Guatemala permitió a su ejemplar ejército, garante de la constitución y la soberanía nacional? ¿Qué fue entonces de los 200 mil muertos y el millón de desplazados que reporta la Comisión de Esclarecimiento Histórico?[15]

Por otro lado, la resolución del Congreso actualiza la negación a la ciudadanía guatemalteca de capacidad de juicio y discernimiento: “discusión que trasciende a los tribunales de justicia, y se da en los medios de comunicación social, sectores de opinión, pueblos, plazas, calles, comunidades y en los hogares guatemaltecos, abriendo así nuevamente la polarización entre hermanos, propiciando condiciones contrarias a la paz y que impiden una definitiva reconciliación”.[16]

El desprecio por la verdad histórica y por la mayoría de la población, que está detrás de la declaración del Congreso, de las actuaciones del CACIF y de la Corte de Constitucionalidad en las semanas siguientes a la sentencia con la que finalizó el juicio, son una demostración de poder e impunidad, un acto de violencia simbólica que actualizó de golpe toda la violencia de treinta años atrás. De nuevo, racismo y violencia del Estado aparecen juntas como una forma de mantener la situación privilegiada de unos pocos.

Este mismo desprecio por la vida de las personas, las comunidades y los pueblos es el que está detrás de la forma en que los últimos gobiernos tratan las demandas que surgen de las comunidades, muchas de ellas, las mismas que fueron arrasadas hace 30 años. Se niegan a reconocer la capacidad de las comunidades para decidir su futuro, acusándolas -como siempre lo hacen- de estar manipuladas en las consultas comunitarias y vecinales y en todas las acciones emprendidas para defender el espacio de vida que les queda. Tratan a líderes y personas movilizadas como delincuentes y terroristas, y acaban disponiendo de su vida y su libertad en juicios que son burlas a la justicia.



La persecución, hostigamiento y asesinato de líderes comunitarios se hace de una forma sistemática y planificada, como ocurre en Monte Olivo, en San Rafael Las Flores, en Huehuetenango y en muchos más lugares. Todo ello nos vuelve a hablar del desprecio absoluto contra esa población, que es mayoritaria en el país, de la negación de su calidad de personas y de ciudadanos.

De nuevo se trata del racismo, y de nuevo lleva aparejada la fuerza del Estado contra aquellos que cuestionan las políticas que sólo benefician a unos pocos, los mismos que desde hace siglos manejan la maquinaria estatal para mantener sus intereses.
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Alertan en México por detenciones de niños migrantes solos

Las familias de miles de niños detenidos en estaciones migratorias de este país prefieren tomar el riesgo de enviarlos a Estados Unidos y no “dejarlos al amparo de pandillas, para que los recluten o los maten”, revela un informe de la organización Sin Fronteras sobre el incremento de la migración de menores de edad.

De 6,107 detenciones registradas  en 2012, pasaron a 9,893, en 2013, principalmente de centroamericanos atrapados por la violencia que impera en sus comunidades de origen, aunque también por situaciones de reunificación familiar o crisis económica.

Acorde con el más reciente  informe de Sin Fronteras “La ruta del Encierro. Situación de las personas en detención en estaciones migratorias y estancias provisionales”, los menores en ocasiones son aislados y permanecen en celdas de castigo.


Y aunque el protocolo mexicano de seguridad para estos niños -algunos de 6 y 7 años- señala que deben ser enviados a los centros de protección infantil del sistema estatal DIF, muchos se quedan en las estaciones del Instituto Nacional de Migración en “condiciones insalubres” y  “hacinados”, según documentó la organización.

“Este nulo contacto con el exterior” –señala- afecta la estabilidad emocional de los menores como observaron el caso de una niña de ocho años y su hermano de 12. Al día siguiente de su captura en Oaxaca, los activistas hicieron una visita en la que documentaron que los niños se mostraban  tranquilos, pero cinco días después, en la segunda visita, ya se les veía “nerviosos”, “desaliñados” y “tristes”.

Las condiciones de estos menores puede terminar en suicidio. El pasado 13 de marzo una niña de ocho años que viajaba con un traficante desde Ecuador se colgó de un tubo que sostenía la cortina del baño en el albergue Casa Esperanza, en Ciudad Juárez.


Sin Fronteras recomienda a las autoridades migratorias que los infantes tengan contacto con el exterior, permitiéndoles hacer llamadas y recibir visitas. Además de crear talleres que mantengan activos a estos menores.

Esta problemática también preocupa al gobierno de EEUU. El lunes el presidente Barack Obama anunció la creación de un grupo que coordine la atención de estos niños migrantes no acompañados.
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