La Ley Monsanto se impuso en Guatemala

La denominada “Ley Monsanto” garantiza la exclusividad de derechos de propiedad intelectual aplicado a semillas. Concede las patentes a personas individuales o jurídicas nacionales e internacionales, de cualquier país miembro de la Unión Internacional parala Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), las cuales podrán apropiarse del patrimonio genético tangible e intangible.

Una transnacional como Monsanto –que maneja alrededor del 60 por ciento del mercado global- podría adueñarse de los códigos genéticos de las variedades locales, tales como maíz y frijol. Luego, se necesitaría su atorización (comprarle) para plantar esas semillas, bajo amenaza de criminalización, multa e incluso privación de la libertad.


“La ley responde a los intereses de la clase empresarial neoliberal, beneficiaria de las empresas transnacionales de semillas tales como Monsanto, Duwest, Dupont, Syngenta y Bayer”, denunció la Alianza Nacional para la Protección de la Biodiversidad de Guatemala.

La exclusividad se aplicará inicialmente a 15 géneros o especies vegetales enumeradas en el reglamento, pero un plazo de diez años puede ampliarse a todos los géneros advirtió la periodista Magalí Rey Rosa desde su columna en Prensa Libre.

La ley nació como una obligatoriedad del Estado de Guatemala por los compromisos asumidos en el Tratado de Libre Comercio (TLC) Guatemala- Estados Unidos en el 2005. En el capítulo 15, artículo 15.5, se pauta garantizar la existencia de un sistemade protección del derecho de los obtentores de variedades vegetales como un derecho de propiedad intelectual, que debería ser asumido por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.


Guatemala ratificó en el 2006 el Convenio UPOV, organización promovida por las empresas transnacionales que producen y comercian semillas transgènicas, precisó el Ingreniero agrónomo guatemalteco Samuel Reyes Gómez. Entre ellas las ya mencionadas: Monsanto, Bayer, Dupont y Syngenta.

Las patentes se cruzan en el debate acerca de las semillas transgénicas, que tras denuncias de graves daños a la salud y medio ambiente, amenazan destruir las pequeñas y medianas producciones, a la vez que la soberanía alimentaria.

“El peligro más serio que se avizora es el económico, pues la tecnología de los transgénicos está en manos de pocas megaempresas, quienes tienen las patentes de las semillas y a las que obligadamente en el futuro se les tendrá que comprar, por lo que en ciertos cultivos tendremos dependencia hacia un proveedor de semilla mejorada”, advirtió Reyes Gómez antes de que se apruebe la norma.

“De acuerdo a esta ley los derechos de obtentor son prioritarios al derecho de los Pueblos al uso libre de las semillas (…) Es un ataque directo a los conocimientos ancestrales, a la biodiversidad, a la vida, a la cultura, a la economía campesina, a la cosmovisión de los Pueblos, a la soberanía alimentaria”, sostuvo la Alianza para la Protección de la Biodiversidad.

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