"Que venga el juez. ¡Veamos el gran gasto y el
ridículo que hacen las fuerzas de seguridad del Estado!", exclamó Byron
Lima un viernes, el 15 de febrero de 2013, con la impunidad que hace
sentir el poder, creyéndose intocable.
Hasta entonces lo fue. Pero el excapitán del
Ejército de Guatemala, condenado a 20 años de prisión por colaborar en
el asesinato de monseñor Juan Gerardi, había sido recapturado, por
"evasión", que no fuga. Por salir "a pasear", algo que aparentemente
hacía con frecuencia.
Así lo anunció el ministerio de Gobernación, a bombo y platillo. Y el
caso también le costó el cargo al entonces director del sistema
penitenciario.
Pero la noticia caducó en un día. El 16 de
febrero el juez de turno desestimó el cargo que le imputaba el
ministerio Público, la Fiscalía, de la misma manera que en otras 13
ocasiones anteriores.
Byron Lima, el reo "paisa" más poderoso, el
prisionero más fuerte entre quienes no pertenecen a las pandillas,
seguía estando blindado.
Estos días Lima intenta poner en "ridículo", como prometió aquella vez, a quienes osaron imputarlo.
"Líder" de red criminal
La Comisión Internacional contra la Impunidad de
Guatemala (Cicig), un órgano temporal de Naciones Unidas, logró volver a
llevarlo ante el juez; algo que los tres últimos gobiernos no pudieron.
Este organismo, que posee los atributos de un
fiscal internacional pero opera bajo las leyes guatemaltecas, pudo
presentar pruebas que sitúan a Lima a la cabeza de una organización
criminal y en la que supuestamente estaba involucrado el titular de la
Dirección General del Sistema Penitenciario, Édgar Camargo.
Según la investigación, la principal actividad
delictiva del grupo era la transferencia de presos de un penal a otro. Y
por cada uno de los traslados Camargo cobraba unos US$6.000.
Camargo fue detenido el 3 de septiembre.
Además, Lima está imputado por lavado de dinero,
asociación ilícita, tráfico de influencias y uso de teléfonos móviles
de manera ilegal en prisión.
Antes de que la Cicig "reorientara" la
investigación, durante años la Fiscalía había abierto contra el
exmilitar 12 causas penales, por casos que iban desde amenazas,
extorsiones y agresiones, hasta tráfico de drogas.
En septiembre de 2009 la Procuraduría de
Derechos Humanos le abrió un expediente. Se le acusaba de someter a 12
reos de Pavoncito, la cárcel en la que está convicto, a castigos físicos
y psicológicos. Según una denuncia, Lima daba las órdenes y 50 presos a
sus órdenes las cumplían al pie de la letra.
Sin embargo, todos estos intentos fueron desestimados - como la
relativa a la "evasión"-, archivados o no se obtuvieron pruebas
suficientes para llevarlo ante un juzgado.
Ni siquiera trasladaron a Lima a otra cárcel. Y
eso teniendo en cuenta, además, que Pavoncito es un centro preventivo y
Lima ya fue condenado, por lo que no debería estar allí.
"Conozco bien el negocio"
Así que, ¿cómo ha podido terminar la investigación de la Cicig en una imputación? ¿Cuál ha sido la clave?
Es el comisionado Iván Velásquez, quien encabeza el organismo, el que contestó a las preguntas de BBC Mundo.
"Lo sencial es que llegamos, con mucha
confidencialidad, a poder verificar cada uno de los elementos
encontrados y presentar así una investigación muy bien sostenida",
explicó por teléfono desde Guatemala.
"La clave fue no presentar pruebas testimoniales, sino verificaciones de hechos delictivos".
Uno de estos fue una llamada que Lima hizo el 16 de agosto desde Pavoncito.
"Si no hubiera problema ya estarían aquí los
otros dos, ¿no?", le preguntaba desde prisión a Carlos Cermeño, uno de
los supuestos enlaces entre el exmilitar y el entonces director del
sistema penitenciario.
Lima hacía referencia al traslado de los
hermanos Édgar Enrique y Silverio Otto Chicas de León, procesados por
tráfico de drogas. La transferencia no se hizo con la misma celeridad
que en otros casos.
"Yo tengo 15 años de saber de este negocio. La
verdad es que no necesito la cola de nadie, vos", se escucha en la
grabación, según el diario
Prensa Libre.
El preso más poderoso
"¿Es Byron Lima es preso más poderoso del país, tal como se está diciendo?", preguntó BBC Mundo a Velásquez.
"Sí, era realmente un preso con mucho poder", afirmó el comisionado,
haciendo hincapié en el tiempo pasado. "Tenía el manejo de la cárcel
donde se encontraba, conseguía trasladar a quien quisiera".
Según la Ley del Régimen Penitenciario, son los
jueces los únicos que pueden autorizar el traslado de un centro
penitenciario a otro. Sin embargo, en caso de emergencia, permite que la
Dirección General del Sistema Penitenciario los decida, dando cuenta
inmediata a un juez. Y es ese el resquicio del que se valía la red de
Lima.
El periodista del medio guatemalteco
Plaza Pública, Rodrigo Baires, está de acuerdo con lo que dijo Velásquez sobre la autoridad del exmilitar.
Lleva dos años siguiéndole la pista a Lima y
aseguró a BBC Mundo: "Es el preso con más poder del país y está acusado
del delito político más grave en los últimos 15 años de historia de
Guatemala".
Lo que está claro es que Lima es un preso con muchos contactos y mucha información.
